Resolución Asamblea General de la OEA

QUINCUAGÉSIMO CUARTO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES
Del 26 al 28 de junio de 2024
Paraguay

OEA/Ser.P
AG/doc.5871/24
29 junio 2024

DECLARACIONES Y RESOLUCIONES APROBADAS POR LA ASAMBLEA GENERAL

(Versión provisional sujeta a revisión de la Comisión de Estilo)

AG/RES. 3029 (LIV-O/24)

FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA

(Aprobada en la cuarta sesión plenaria celebrada el 28 de junio de 2024)
Descargue aquí la resolución completa

LA ASAMBLEA GENERAL,

REAFIRMANDO las normas y principios generales del derecho internacional y la Carta de la Organización de los Estados Americanos;

CONSCIENTE de que la Carta de la Organización de los Estados Americanos establece en su preámbulo “que la democracia representativa es condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región” y que uno de los propósitos esenciales de la Organización es “promover y consolidar la democracia representativa dentro del principio de la no intervención”;

RECORDANDO la resolución AG/RES. 3004 (LIII-O/23) y todas las resoluciones anteriores aprobadas sobre este tema;

VISTO el “Informe anual del Consejo Permanente a la Asamblea General (julio 2023-junio 2024)” (AG/doc.xxxx/24 add. 1), en particular la sección que se refiere a las actividades de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP); y

CONSIDERANDO que los programas, actividades y tareas establecidas en las resoluciones de competencia de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP) coadyuvan al cumplimiento de los propósitos esenciales de la Organización de los Estados Americanos (OEA) consagrados en su Carta,

TENIENDO EN CUENTA los compromisos políticos adoptados en el “Plan de Acción Interamericano sobre Gobernabilidad Democrática” de la IX Cumbre de las Américas, celebrada en Los Ángeles en junio de 2022.  

RESUELVE:

“SEGUIMIENTO DE LA CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA

COMPROMETIDA con la democracia representativa al ser una de las más preciadas conquistas de nuestra región, así como la garantía del Estado de derecho; y consciente de que la transmisión pacífica del poder por las vías constitucionales es producto de un continuo e irreversible compromiso con las instituciones y principios democráticos respecto de los cuales los Estados de la región no permiten ninguna interrupción ni retrocesos;

RECORDANDO que el preámbulo de la Carta de la Organización de los Estados Americanos establece que la democracia representativa es condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región; y que uno de los propósitos de la OEA es promover y consolidar la democracia representativa en el marco del respeto del principio de no intervención;

REAFIRMANDO que la Carta Democrática Interamericana [AG/RES. 1 (XXVIII-E/01)], aprobada por los Estados Miembros en 2001, reconoce que los pueblos de las Américas tienen derecho a la democracia y sus Gobiernos la obligación de promoverla y defenderla; y que la democracia y el desarrollo económico y social sobre la base de la justicia y la equidad son interdependientes y se refuerzan mutuamente;

CONSCIENTE de que la pobreza, la desigualdad de género, el analfabetismo y los bajos niveles de desarrollo humano son factores que inciden negativamente en la consolidación de la democracia; y que la promoción y la observancia de los derechos económicos, sociales y culturales son consustanciales al desarrollo integral, al crecimiento económico con equidad y a la consolidación de la democracia en los Estados del Hemisferio;

REITERANDO que la promoción y la protección de los derechos humanos son condiciones fundamentales para la existencia de una sociedad democrática; y la importancia del continuo desarrollo y fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos para la consolidación de la democracia en nuestra región;

DESTACANDO su compromiso por alcanzar una mayor inclusión social para elevar las condiciones de vida de nuestros pueblos y fortalecer la gobernabilidad democrática en las Américas, fomentando la confianza ciudadana en las instituciones democráticas, en particular, la legitimidad de los procesos electorales y el pleno respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales;

CONSCIENTE de que la eliminación de toda forma de discriminación e intolerancia por razones de género, étnicas, raciales, culturales, religiosas o condición migratoria, entre otras, que en gran medida afectan a las poblaciones tradicionalmente excluidas, en situación de vulnerabilidad o históricamente discriminadas, contribuye al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática;

PRIORIZANDO la participación plena de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo, lo que es un derecho y una responsabilidad, al igual que una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia;

COMPROMETIDA con la plena, significativa, efectiva e igualitaria participación de todas las mujeres en las estructuras políticas de nuestros países, especialmente en aquellas con poder decisorio, a fin de alcanzar soluciones efectivas y duraderas;

REAFIRMANDO todos los mandatos contenidos en la resolución AG/RES. 2835 (XLIV-O/14), “Promoción y fortalecimiento de la democracia: seguimiento de la Carta Democrática Interamericana”,

TOMANDO NOTA de la creación del Grupo Voluntario de Seguimiento de la Carta Democrática Interamericana el 2 de octubre de 2023, en cumplimiento de la resolución AG/RES. 3004 (LIII-O/23), y tomando nota también de la aprobación de su Plan de Trabajo y Directrices, en cumplimiento de los mandatos del Grupo de fomentar el diálogo, la cooperación horizontal y el intercambio de mejores prácticas entre los Estados Miembros participantes, e identificar oportunidades para fortalecer sus democracias dentro de los principios de la Carta de la OEA y la Carta Democrática.

RESUELVE:

  1. Reafirmar la vigencia de la Carta Democrática Interamericana como instrumento para la promoción y defensa de los valores y principios de la democracia representativa en la región y, en ese sentido, renovar la obligación de los Estados Miembros de promover y defender la democracia, en el marco del principio de no intervención y respeto a la soberanía de los Estados, como condición esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas.
  2. Fortalecer la coordinación y la cooperación regional para promover y defender la democracia en la región, como condición esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas y, en ese contexto, priorizar iniciativas soberanas en cada uno de nuestros Estados encaminadas a lograr la participación plena y efectiva de toda la ciudadanía en la vida democrática.
  3. Continuar promoviendo la participación política de todas las mujeres, incluso como lideresas electas, expertas técnicas en elecciones, lideresas comprometidas de la sociedad civil y votantes informadas.
  4. Continuar promoviendo el fortalecimiento de las instituciones, valores, prácticas y gobernabilidad democráticos, la lucha contra la corrupción, la gestión pública efectiva, la consolidación del Estado de derecho, el logro del pleno goce y ejercicio efectivo de los derechos humanos, así como la reducción de la pobreza, la desigualdad y la exclusión social, a través de acciones de cooperación en estos campos entre los Estados Miembros.
  5. Invitar a todos los Estados Miembros a que participen en las actividades y gestiones del Grupo Voluntario de Seguimiento a la Carta Democrática Interamericana, teniendo en cuenta su carácter de participación abierta y el mandato establecido en la resolución AG/RES. 3004 (LIII-O/23).
  6. Invitar al Grupo Voluntario de Seguimiento de la Carta Democrática Interamericana a presentar a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP) propuestas para fortalecer la democracia en el hemisferio, en línea con la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana, las cuales deberán ser revisadas por el Consejo Permanente, y presentadas a la consideración del quincuagésimo quinto periodo de sesiones del Asamblea General.
  7. Instruir a la Secretaría General a que, con los recursos existentes y contribuciones voluntarias, presente para la revisión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos y posterior consideración y aprobación de los Estados Miembros a través del del  Consejo Permanente, una propuesta para un mecanismo que integre y sistematice la información cualitativa y cuantitativa, y las acciones, programas y actividades relevantes desarrolladas por la Organización, relativos a los seis capítulos de la Carta Democrática Interamericana, con el fin de permitir a los Estados Miembros examinar y evaluar estas acciones, así como consultar y cooperar de manera continua sobre prioridades compartidas.
  8. Encomendar al Consejo Permanente que promueva la realización de una sesión extraordinaria durante el cuarto trimestre de 2024, en amplia consulta con los Estados miembros para la recomendación de panelistas, con el objeto de dar seguimiento a los temas abordados en su sesión extraordinaria celebrada el 22 de mayo de 2024, centrada en la implementación de todos los aspectos de la Carta Democrática Interamericana y sus desafíos, incluidos el papel de la desinformación y la información falsa, y que informe a la Asamblea General sobre sus conclusiones y resultados en su quincuagésimo quinto período ordinario de sesiones.  

“MISIÓN DE APOYO AL PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA (MAPP/OEA)”   

Invitar a los Estados Miembros y Observadores a que continúen reforzando el respaldo político y financiero a la MAPP/OEA para que ella siga aportando con sus labores de fomento a la paz en Colombia bajo un modelo de cooperación innovador, flexible y útil, con sustento en la experiencia acumulada por más de 20 años y solicitar a la Secretaría General que asista y promueva a la MAPP/OEA, como medio de apoyo decidido al gobierno colombiano hacia la construcción de la paz.

“COOPERACIÓN TÉCNICA Y MISIONES DE OBSERVACIÓN ELECTORAL” 

DESTACANDO la contribución fundamental de la OEA en el fortalecimiento y el desarrollo de los procesos y sistemas electorales en los Estados Miembros por medio de misiones de observación electoral y cooperación técnica en materia electoral, de acuerdo con lo solicitado por los Estados Miembros y en consonancia con la Carta Democrática Interamericana, la Declaración de Principios para la Observación Internacional de Elecciones, el Código de Conducta para Observadores Internacionales de Elecciones;

TENIENDO EN CUENTA la importancia de fortalecer la democracia, así como la valiosa experiencia de los Estados Miembros y de sus órganos y autoridades; y recordando que los Estados Miembros tienen la responsabilidad de organizar, llevar a cabo y garantizar procesos electorales libres y justos;

RECONOCIENDO la importancia de las misiones de observación electoral, conducidas bajo los principios de objetividad, imparcialidad, transparencia, independencia, respeto a la soberanía y con acceso a la información respetando los procedimientos establecidos en la normativa del Sistema Interamericano, incluyendo la Carta Democrática Interamericana, y que no comprometa la independencia de las misiones, asegurando los Estados las condiciones de seguridad de los observadores electorales, para que puedan desempeñar sus funciones de manera independiente y segura;

RESUELVE:

  1. Instar a la Secretaría General a que continúe produciendo, difundiendo, y actualizando, las guías en materia de procesos electorales, y que en este proceso continúe teniendo en cuenta los estándares internacionales y mejores prácticas, incluso las contribuciones y experiencias propias de los Estados Miembros y de sus órganos y autoridades electorales.
  2. Tomar nota que se ha cumplido el mandato referente a la actualización del Manual para las Misiones de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos —publicado el 10 de mayo de 2024 y presentado al Consejo Permanente el 15 de mayo de 2024—, en el que se tomaron en cuenta las propuestas de los Estados miembros, la valiosa experiencia y las mejores prácticas de sus autoridades electorales de los Estados Miembros, así como otros estándares internacionales reconocidos en la materia.
  3. Encomendar a la Secretaría General que continúe brindando cooperación técnica en materia electoral a través de proyectos, talleres y capacitación a los funcionarios y autoridades de los organismos electorales y representantes de la sociedad civil de los Estados Miembros que busquen dicha asistencia.      
  4. Alentar a los Estados Miembros receptores de Misiones de Observación Electoral, que en los acuerdos bilaterales que suscriban con la Secretaría General de la OEA establezcan mecanismos para el seguimiento de las recomendaciones que realicen dichas misiones
  5. Encomendar a la Secretaría General que continúe con las actividades de búsqueda de fondos e invite a los países receptores de misiones de observación electoral, en la medida de lo posible, a que contribuyan a la sostenibilidad financiera de misiones que no sean las de sus respectivos países.
  6. Instar a los Estados Miembros a que adopten las medidas necesarias para asegurar las condiciones de seguridad de los observadores electorales para que puedan desempeñar sus funciones de manera independiente y segura.
  7. Encomendar a la Secretaría General que realice sus mejores esfuerzos para continuar proporcionando a cualquier Estado Miembro que lo solicite, y una vez concluidas las misiones de observación electoral, la información adicional disponible sobre las misiones de observación electoral desplegadas en su territorio de conformidad con las normas del sistema interamericano, incluida la Carta Democrática Interamericana
“VIGÉSIMO QUINTO ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE JUSTICIA DE LAS AMÉRICAS (CEJA)”    
DESTACANDO que la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA) proclama que uno de sus fines lograr un orden de paz y de justicia;
RECORDANDO que en la Segunda Cumbre de las Américas celebrada en Santiago, Chile, en abril de 1998, los Jefes de Estado y de Gobierno acordaron la creación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo de la OEA especializado en los sistemas de justicia, para facilitar el perfeccionamiento de los recursos humanos, el intercambio de información y otras formas de cooperación técnica en el Hemisferio;
RECORDANDO que, el 15 de noviembre de 1999, mediante resolución número AG/RES.1. (XXVI-E/99), la Asamblea General de la OEA aprobó los estatutos del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), con el mandato de la recolección y difusión de información sobre las experiencias nacionales de modernización y reformas de los sistemas de justicia de la región; realizar análisis comparativos, investigaciones y estudios en la justicia; facilitar la difusión de investigaciones y estudios en temas de justicia en las Américas; facilitar la capacitación de los recursos humanos de los sistemas de justicia y el perfeccionamiento de los mecanismos existentes para tal fin en los países del Hemisferio, entre otros;
CONSIDERANDO que durante el año 2025 se celebrará el vigésimo quinto aniversario de la creación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA);
DESTACANDO el valor que el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) tiene para el fortalecimiento democrático y del Estado de Derecho en el Hemisferio; siendo reconocido por los Estados y sistemas judiciales, por su excelencia técnica en la promoción, capacitación y seguimiento de las reformas a la justicia para garantizar la oralidad, transparencia, celeridad e igualdad de todas las personas; así como la eficacia en la persecución penal y el juzgamiento de la criminalidad, la corrupción y la violencia en el Continente, y,
RECONOCIENDO que la conmemoración del vigésimo quinto aniversario de CEJA en el año 2025 es pertinente para la generación de una hoja de ruta dirigida a incrementar su visibilidad, trabajo colaborativo con otros órganos de la OEA y sostenibilidad institucional;
RESUELVE:
Conmemorar oficialmente durante el primer semestre de 2025, el vigésimo quinto aniversario de la creación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), incorporando dicha conmemoración en una sesión ordinaria del Consejo Permanente.
Reconocer el valor que el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) realiza al fortalecimiento democrático, Estado de Derecho y perfeccionamiento de los sistemas de justicia del Continente.
Invitar a los Estados, a la Secretaría General, a la Secretaría de Seguridad Multidimensional, Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a los demás órganos, organismos y entidades pertinentes de la Organización, en el marco de sus respectivas competencias, a que desarrollen procesos de trabajo colaborativo con el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), para generar sinergias que contribuyan a sus fines comunes, considerando el valor y experiencia de este organismo en los sistemas de justicia del Hemisferio.
Encargar a la Dirección Ejecutiva de CEJA, la formulación de una hoja de ruta dirigida a incrementar la visibilidad, el trabajo colaborativo con otros órganos de la OEA y la sostenibilidad institucional del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), la cual será presentada en la sesión ordinaria del Consejo Permanente, durante el primer semestre de 2025.

“FORTALECIMIENTO DEL CATASTRO Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN LAS AMÉRICAS”    

TOMANDO NOTA del informe de actividades, y de la Declaración de Bogotá “Catastro y Registro al Servicio del Bienestar Social, la Democracia y el Medio Ambiente”, de la Red Interamericana de Catastro y Registro de la Propiedad (RICRP), presentados en el marco de la IX Asamblea Anual y a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP); y 

RECONOCIENDO la importancia de continuar fortaleciendo la Red Interamericana de Catastro y Registro de la Propiedad como mecanismo de cooperación e intercambio horizontal entre los Estados Miembros, con el objetivo de desarrollar, difundir e implementar las mejores prácticas de Catastro y Registro de la Propiedad en las Américas en apoyo a los procesos de desarrollo institucional que contribuyan a formalizar y proteger los derechos de propiedad para para garantizar el Estado de derecho, la gobernanza democrática y el desarrollo humano; 


RESUELVE: 

  1. Impulsar un intercambio de conocimiento en las siguientes áreas prioritarias en el marco de las actividades de la RICRP: 
  2. Generar recomendaciones para orientar la política pública en materia de Catastro y el Registro resaltando su rol en la certidumbre de la tenencia de la tierra, la paz social y ambiental. 
  3. Impulsar la democratización y gobernanza digital de la información tanto catastral como registral. 
  4. Desarrollar un manual de reconocimiento y registro de derechos y relaciones de tenencia legítima en ecosistemas estratégicos, a partir del catastro y el registro, que aporte de manera significativa a la resolución de la crisis social derivada de la crisis climática y que aporte a la consolidación de la democracia en el hemisferio.  
  5. Solicitar a la Asamblea General en su período extraordinario de sesiones para discutir el presupuesto de la OEA, a celebrarse en el segundo semestre de 2024, que considere, dentro de los recursos del presupuesto ordinario de la Organización, el fortalecimiento de la Red Interamericana de Catastro y Registro de la Propiedad (RICRP) y de su Secretaría Técnica.
  6. Invitar a los Estados Miembros a asistir a la X Conferencia y Asamblea Anual de la Red Interamericana de Catastro y Registro de la Propiedad (RICRP) a realizarse en Brasil del 2 al 6 de septiembre del 2024, con el apoyo del Instituto Nacional de Colonización y Refirma Agraria (INCRA) de Brasil y del Instituto Geográfico Agustín Codazzi de Colombia (IGAC) como presidente de la RICRP; encomendando a la RICRP a implementar una línea de trabajo en materia de fomento del reconocimiento y registro de la tenencia legítima de la tierra, como mecanismo de seguridad jurídica y gestión responsable de los recursos naturales. 
  7. Exhortar al Departamento para la Gestión Pública Efectiva como Secretaría Técnica de la RICRP que se informe a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP) sobre los avances alcanzados de esta sección.

“FORTALECIMIENTO E INNOVACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA EFECTIVA EN LAS AMÉRICAS”   

CONSIDERANDO que los pilares de la Organización de los Estados Americanos son la democracia, los derechos humanos, la seguridad multidimensional y el desarrollo integral;

RECORDANDO que la Carta Democrática Interamericana establece como “componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública”, y que el Departamento para la Gestión Pública Efectiva promueve la innovación para la implementación, uso, y aprovechamiento de la transformación digital en áreas de la administración pública; y, tomando nota del informe CP/CAJP/SA.773/24 rev. 1, Síntesis del Curso de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP) con el cual se dio cumplimiento a la organización del curso sobre Diplomacia Digital, celebrado el 15 de febrero de 2024;

CONSIDERANDO la necesidad de aumentar la transparencia en la administración pública a través de la implementación de plataformas digitales que faciliten una rendición de cuentas efectiva y transparente.

RECONOCIENDO la importancia de llevar a cabo las actividades del Departamento para la Gestión Pública Efectiva, cuando corresponda, en coordinación con la Comisión Interamericana de Mujeres, a la luz de la promoción y protección de todos los derechos de las mujeres y la equidad e igualdad de género.

TOMANDO EN CUENTA que la Escuela de Gobierno de la Organización de los Estados Americanos tiene el objetivo de brindar ofertas de capacitación orientadas a fortalecer las prácticas de transparencia institucional y la participación ciudadana, así como favorecer la rendición de cuentas ante la ciudadanía;

TENIENDO EN CONSIDERACIÓN que el objetivo general del Mecanismo de Cooperación Interamericana para la Gestión Pública Efectiva es fortalecer la gestión pública de los Estados miembros del Sistema Interamericano, por medio de mecanismos de diálogo y cooperación técnica que apoyen el logro de los objetivos y prioridades nacionales fijadas por cada uno de los Estados participantes;

TENIENDO PRESENTE que el Observatorio Interamericano de Gobernanza e Innovación Pública, es un repositorio digital indexado de un repertorio inédito de experiencias innovadoras en gestión pública que han sido implementadas por los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos;

RESUELVE:

  1. Solicitar a la Secretaría General, a través de la Escuela de Gobierno de la OEA,  a que organice en el marco de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP), la segunda edición del curso en Diplomacia Digital dirigido a los delegados de las Misiones Permanentes, las Cancillerías, y oficiales de relaciones internacionales de instituciones públicas de la región, para promover el conocimiento acerca del rol de las tecnologías emergentes en relación con el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática con base en los derechos humanos, la probidad gubernamental y la transparencia de las actividades gubernamentales.
  2. Solicitar a la Secretaría General que desarrolle una guía interamericana de diplomacia digital, con el objetivo de aportar conocimiento acerca de los mecanismos e instrumentos que gobiernan la transformación digital en las Américas para el fortalecimiento de la democracia y que son sujeto de negociación en foros multilaterales;
  3. Solicitar a la Secretaría General que, a través de la Escuela de Gobierno de la OEA, continue apoyando el fortalecimiento de capacidades del funcionariado público de los Estados miembros a través de la investigación y del desarrollo e impartición de cursos e iniciativas de formación en temas que contribuyan a una gestión pública proba, efectiva, transparente y participativa;
  4. Instar a la Secretaria General que, a través del Departamento para la Gestión Publica Efectiva, continue brindando asesoría, acompañamiento, apoyo técnico o gestión de fondos para la realización de rondas del Mecanismo para la Cooperación Interamericana para la Gestión Pública Efectiva (MECIGEP); y alentar a los Estados miembro a participar, ya sea como beneficiarios y/o cooperantes, de este Mecanismo, y del Premio Interamericano para la Gestión Pública Efectiva (PIGEP), presentando candidaturas de experiencias de innovación de instituciones públicas.  Ambas iniciativas implementadas por el Departamento para la gestión Publica Efectiva con el propósito de fortalecer la innovación en la administración pública;
  5. Instar a los Estados miembros a apoyar y promover las actividades y herramientas del Observatorio Interamericano para la Gobernanza e Innovación Pública, con el objetivo de promover la innovación en la gestión pública en todo sector y a todo nivel de gobierno, y con base en las disposiciones previstas en la Carta Democrática Interamericana.
  6. Alentar a los Estados Miembros a fortalecer sus políticas y mantener o adoptar, e implementar estrategias nacionales en ciberseguridad, para prevenir y mitigar riesgos en el ciberespacio y garantizar la disponibilidad de los activos críticos de información, incrementar la cooperación técnica regional en la materia e impulsar trayectorias de formación en ciberseguridad para el desarrollo de capacidades a través de la educación formal y no formal.    

“GOBIERNO ABIERTO, DIGITAL, INCLUSIVO, Y TRANSPARENTE”

RECONOCIENDO el valor sustancial de la Red Interamericana de Gobierno Digital (Red GEALC) como mecanismo de cooperación e intercambio regional, y tomando nota de los resultados de la XVII Reunión Anual de la Red GEALC del 2023, en la Declaración de Santiago de Chile “Transformación Digital para un Desarrollo con Equidad”; los compromisos políticos asumidos por los líderes en la IX Cumbre de las Américas en el “Programa Regional para la Transformación Digital” y el “Plan de Acción Interamericano sobre Gobernabilidad Democrática”; así como del informe presentado sobre los avances en la implementación del Programa Interamericano de Datos Abiertos (PIDA), para la prevención y lucha contra la corrupción a través de datos abiertos;

RESALTANDO la importancia de la implementación de tecnologías digitales para mejorar la eficiencia y transparencia en la gestión pública,

RESUELVE:

  1. Solicitar a la Secretaría General, a través del Departamento para la Gestión Pública Efectiva, y cuando sea necesario en colaboración con otros actores tales como el Banco Interamericano de Desarrollo, a que continúen fortaleciendo la Red GEALC, con el fin de implementar y promover las mejores prácticas de gobierno digital y promover políticas y uso de tecnologías digitales para impulsar la transparencia, la provisión de servicios públicos digitales centrados en la ciudadanía y la simplificación de trámites;
  2. Solicitar a la Secretaría General, a través del Departamento para la Gestión Pública Efectiva, que revise las directrices existentes sobre gobernanza de datos e inteligencia artificial, en particular en lo que respecta al uso ético de políticas de inteligencia artificial, algoritmos y gobernanza de datos, como los Principios de IA de la OCDE, para su posible difusión entre los Estados Miembros trabaje en el elaboración de directrices para el marco de referencia interamericano de gobernanza de datos e inteligencia artificial, centrada en las personas y el desarrollo inclusivo y sostenible de nuestra región, tomando como antecedente las discusiones que se desarrollan en el marco del Grupo de Trabajo Ad Hoc de Gobernanza de Datos e IA (RedGealc), fortalecer la articulación de las distintas iniciativas en curso en el ámbito interamericano y que sus concusiones sean presentadas a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP);
  3. Alentar a los Estados Miembros a mantener o adoptar siguiendo un enfoque de múltiples partes interesadas, según corresponda, e implementar, estrategias nacionales para impulsar el desarrollo, seguro de las tecnologías de IA, de manera que respete los derechos humanos y sea consistente con los instrumentos interamericanos de derechos humanos, y de la Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial de la UNESCO.
  4. Instar a la Secretaría General a que, a través del Departamento para la Gestión Pública Efectiva, continúe brindando asesoría, acompañamiento, apoyo técnico o gestión de fondos a los Estados Miembros que lo soliciten en la implementación del Programa Interamericano de Datos Abiertos (PIDA), aprobado mediante la resolución AG/RES 2391 (XLIX-O/19), y que presente un informe a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP) sobre los avances en la implementación;
  5. Invitar a los Estados Miembros a participar del Encuentro de datos abiertos y gobierno abierto “América Abierta: Conexión sin fronteras”, a realizarse en Brasilia, Brasil, del 03 al 06 de diciembre del 2024, con el apoyo de la Contraloría General de la Unión (CGU) de Brasil, e instar al Departamento para la Gestión Pública Efectiva a brindar apoyo para su organización;
  6. Alentar a los Estados Miembros a continuar fortaleciendo las políticas públicas, estrategias y ecosistemas nacionales de datos abiertos.
  7. Impulsar a los Estados Miembros a que participen activamente en la Red GEALC, especialmente en sus grupos de trabajo, y a que asistan a la VIII Reunión Ministerial de Gobierno Digital de las Américas y XVIII Reunión Anual de la Red GEALC que se realizaran en Brasilia, Brasil, los días 26 y 27 de noviembre de 2024, con el apoyo del Ministerio de Gestión e Innovación en los Servicios Públicos del Gobierno de Brasil;
  8. Solicitar al Departamento para la Gestión Pública Efectiva que informe a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP) sobre los avances alcanzados de esta sección.

“FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA UNA GESTIÓN EFECTIVA DE LA COMPRA PÚBLICA”   

RECONOCIENDO el importante rol que desempeña la compra pública para el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y el desarrollo de los países, mediante el buen uso, con calidad, del gasto público, la integridad, transparencia, competencia justa y la participación ciudadana en los procesos de contratación; así como la sostenibilidad ambiental, económica y social, con el fin de mejorar la calidad de los servicios y bienes adquiridos, y asegurar el acceso equitativo a estos, protegiendo los derechos de los ciudadanos y promoviendo la justicia y la equidad en todas las etapas del proceso de compra pública para garantizar el desarrollo humano, el bienestar social y el estado social de derecho;

RECORDANDO que la Convención Interamericana Contra la Corrupción, en su Artículo III, Medidas preventivas, numeral 5, prevé entre otras que, los Estados Partes convienen en considerar la aplicabilidad de medidas, dentro de sus propios sistemas institucionales, destinadas a crear, mantener y fortalecer sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado que aseguren la publicidad, equidad y eficiencia de tales sistemas;

RESALTANDO la labor realizada por la OEA, a través del Departamento para la Gestión Pública Efectiva (DGPE), en su rol de Secretaría Técnica de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG) desde el 2008; en cuanto al liderazgo regional impulsado para contribuir al fortalecimiento de las capacidades institucionales en contratación pública; y, teniendo en cuenta el valor de la RICG, como el mecanismo de cooperación y dialogo hemisférico por excelencia, conforme a los resultados e impacto generado en compra pública, en alineación con los contextos y prioridades nacionales;

RESUELVE:

  1. Solicitar a la Secretaría General que, a través del Departamento para la Gestión Pública Efectiva, como Secretaría Técnica de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG), continúe trabajando de manera permanente en el desarrollo de la agenda regional en compra pública, con el fin de contribuir al fortalecimiento de las capacidades institucionales y mejora continua de los sistemas de contratación pública, a nivel nacional, local y/o provincial, a través de la facilitación de diálogo entre países, la formación, la gestión de conocimiento, y el asesoramiento y apoyo técnico para la reformulación de marcos normativos e  implementación de los instrumentos técnicos y herramientas para robustecer sus prácticas en innovación, sostenibilidad, valor por dinero, profesionalización, transparencia, analítica y uso de datos, e integridad.
  2. Invitar a los estados miembros a que participen del Premio RICG a la Innovación en Compra Pública 2024 y de la XIX Conferencia Anual de la RICG que se celebrará en Brasil en abril de 2025; y, solicitar el apoyo del DGPE para la preparación técnica y logística de la Conferencia Anual y reportar a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP) sobre los resultados.
  3. Instar a los Estados miembros a, de acuerdo con las normas y realidades nacionales, implementar las recomendaciones de la RICG.
  4. Solicitar a la Asamblea General en su período extraordinario de sesiones, a celebrarse en octubre de 2024 para discutir el presupuesto de la OEA, que considere, dentro de los recursos del presupuesto ordinario de la Organización, el fortalecimiento de la RICG y de su Secretaría Técnica).  

“PROMOCIÓN DEL COMPROMISO PARLAMENTARIO INTERAMERICANO”    

RECONOCIENDO el papel esencial que desempeñan las y los legisladores en el ejercicio de la democracia representativa;

DESTACANDO la importancia de las organizaciones interparlamentarias regionales, como foros para el diálogo hemisférico;

RECORDANDO su resolución AG/RES.1599 (XXVIII-O/98), en la que se encomendó a la Secretaría General de la OEA facilitar el diálogo parlamentario, que culminó en una reunión de legisladores nacionales, celebrada en 1998 en la República Dominicana;

RECORDANDO TAMBIÉN su resolución AG/RES. 1673 (XXIX-O/99), relativa a la creación de una red de parlamentarios de las Américas para una reunión de los presidentes de las comisiones de relaciones exteriores de los congresos o parlamentos nacionales de los Estados Miembros, que se celebró en la sede de la OEA los días 29 y 30 de marzo de 2000;

TENIENDO PRESENTE la creación del Foro Interparlamentario de las Américas (FIPA), actualmente denominado ParlAmericas, el cual surgió de la reunión de los presidentes de las comisiones de relaciones exteriores, de los congresos o parlamentos de los Estados Miembros de la OEA, que fue celebrada en la sede de la OEA los días 29 y 30 de marzo de 2000 para dar cumplimiento a la resolución AG/RES. 1673 (XXIX-O/99);

TENIENDO PRESENTE el Plan de Acción de la Tercera Cumbre de las Américas que reconoce al FIPA como un vehículo hemisférico a través del cual se “[a]lentarán la cooperación y el intercambio de experiencias y prácticas óptimas parlamentarias entre legisladores nacionales del Hemisferio, respetando a la vez la separación y el equilibrio de poderes, a través de mecanismos bilaterales, subregionales y hemisféricos tales como el Foro Interparlamentario de las Américas (FIPA)”;

TENIENDO PRESENTE los mandatos contenidos en el compromiso político “Plan de Acción Interamericano sobre Gobernabilidad Democrática” de la IX Cumbre de las Américas (CA-IX/doc.5/22), entre los que se incluye el compromiso de los Gobiernos de promover el “involucramiento parlamentario como una parte integral del Proceso de Cumbres por medio de ParlAmericas, la organización interparlamentaria del Hemisferio, y otras organizaciones parlamentarias”;

CONSIDERANDO que los Memorandos de Entendimiento de 2012 y 2016 entre la Secretaría de la OEA y ParlAmericas establecen un acuerdo de cooperación para “explorar y desarrollar el papel de ParlAmericas como Foro legislativo de la Organización de los Estados Americanos”;

TENIENDO EN CUENTA que la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia, sirve como punto de enlace con ParlAmericas, otras organizaciones interparlamentarias y demás esfuerzos regionales de diálogo interparlamentario con la OEA, para facilitar interacción y cooperación;

RECORDANDO la sesión del Consejo Permanente celebrada el 19 de mayo de 2023 con parlamentarios a través de ParlAmericas en respuesta a la resolución AG/RES. 2989 (LII-O/22) para compartir buenas prácticas y recomendaciones;

RECONOCIENDO la sesión extraordinaria conjunta de seguimiento de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP) y de la Comisión sobre Gestión de Cumbres Interamericanas y Participación de la Sociedad Civil en las Actividades de la OEA (CISC) con parlamentarios a través de ParlAmericas el 14 de marzo de 2024 en respuesta a la resolución AG/RES. 3004 (LIII-O/23) en la que se discutieron y presentaron propuestas, incluyendo una que apunta a regularizar la interacción de ParlAmericas con la OEA, de conformidad con el mandato constitutivo de ParlAmericas, a las que las delegaciones de los Estados Miembros presentes hicieron comentarios y tomaron atenta nota; y

TOMANDO EN CONSIDERACIÓN que en la sección “Participación e inclusión ciudadana” del Plan de Acción Interamericano sobre Gobernabilidad Democrática, adoptado en la IX Cumbre de las Américas en 2022, se dispuso a promover el involucramiento Parlamentario como una parte integral del Proceso de Cumbres, por medio de ParlAméricas, la organización parlamentaria del hemisferio, y otras organizaciones parlamentarias,

RESUELVE:

  1. Reafirmar la importancia del diálogo interparlamentario como plataforma de cooperación para compartir experiencias en materia legislativa, que contribuyan al desarrollo inclusivo, seguridad hemisférica, la promoción y defensa de los derechos humanos y de los principios de la democracia representativa en la región;
  2. Alentar a los Estados Miembros a que fomenten la cooperación interparlamentaria hemisférica.  
  3. Encomendar al Consejo Permanente que, con la cooperación de la Secretaría General de la OEA, coordine un diálogo más profundo con ParlAmericas, otras organizaciones interparlamentarias regionales, y, cuando fuera necesario, con aquellos parlamentos o legislaturas de Estados miembros de la OEA que no sean parte de esas organizaciones interparlamentarias, sin generar costos adicionales al presupuesto de la Organización, a través de:
  4. La presentación de un informe de ParlAmericas ante el Consejo Permanente de la OEA, sobre una base anual;
  5. Una reunión anual técnica entre ParlAmericas y la Secretaría General de la OEA en la cual se podrá invitar a otras organizaciones interparlamentarias regionales, y, cuando fuera necesario, a aquellos parlamentos o legislaturas de Estados miembros de la OEA que no sean parte de esas organizaciones interparlamentarias;
  6. Encomendar a la Secretaría General, a través de la Secretaría para el Fortalecimiento sobre la Democracia, que continue siendo el punto de enlace con ParlAmericas otras organizaciones interparlamentarias regionales, y, cuando fuera necesario, con aquellos parlamentos o legislaturas de Estados miembros de la OEA que no sean parte de esas organizaciones interparlamentarias para facilitar la interacción y cooperación con la Organización, y;
  7. Encomendar a la Secretaría General, a través de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia, que presente, de conformidad con los recursos disponibles, a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP), en el primer trimestre de 2025, un informe detallado de todas las actividades en curso, y las realizadas desde 2015, con los poderes legislativos de los Estados Miembros, foros parlamentarios y organizaciones interparlamentarias regionales.
  8. Encomendar al Consejo Permanente que informe sobre la implementación de la presente resolución a la Asamblea General en su quincuagésimo quinto período ordinario de sesiones.

“REUNIÓN DE MINISTROS DE JUSTICIA U OTROS MINISTROS, PROCURADORES O FISCALES GENERALES DE LAS AMÉRICAS (REMJA)”  

TENIENDO PRESENTE que la cooperación entre las autoridades con responsabilidades en materia de justicia es una de las áreas prioritarias de la OEA y que la Reunión de Ministros de Justicia u Otros Ministros, Procuradores o Fiscales Generales de las Américas (REMJA) se ha consolidado como foro político y técnico hemisférico en materia de justicia y cooperación jurídica internacional, la cual es esencial para el desarrollo de los sistemas de justicia y la consolidación del Estado de derecho en la región; y que en las Cumbres de las Américas los Jefes de Estado y de Gobierno han apoyado el trabajo realizado en el marco de la REMJA y la implementación de sus conclusiones y recomendaciones.

RESUELVE:

  1. Encomendar al Consejo Permanente que, de conformidad con lo establecido en el “Documento de Washington” que rige el proceso de la REMJA y las “Conclusiones y Recomendaciones de la REMJA XI” (REMJA-XI/DOC.2/21 rev.1), convoque a las reuniones de los Grupos de Trabajo de la REMJA que correspondan, de acuerdo con los recursos asignados en el programa-presupuesto de la Organización y otros recursos disponibles.
  2. Solicitar al Departamento de Cooperación Jurídica de la Secretaría de Asuntos Jurídicos, en su condición de Secretaría Técnica de la REMJA, que continúe realizando los talleres regionales de capacitación para jueces y fiscales en materia de delito cibernético, así como dando apoyo, asesoría jurídica y asistencia técnica a la REMJA y sus grupos de trabajo; ejecutando los programas, proyectos y actividades de cooperación técnica en desarrollo de las mismas; administrando y manteniendo las redes a su cargo; realizando gestiones para obtener recursos para el financiamiento de las actividades de la REMJA; fortaleciendo la coordinación y colaboración con las secretarías de otros organismos, entidades o mecanismos de cooperación internacional en las materias de la REMJA; y cumpliendo las demás funciones que le asigna el “Documento de Washington’’.

“NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES: USO SEGURO DE INTERNET Y CIUDADANÍA DIGITAL”

CONSIDERANDO la expansión del uso de los entornos digitales en la educación, el ocio, la socialización y la información en la región, especialmente entre niñas, niños y adolescentes, y que, junto con los aspectos positivos de dicho uso, trae consigo riesgos y desafíos para la seguridad y el bienestar de esta población, sujeta a una especial exposición y vulnerabilidad en los entornos digitales. Es vital promover un uso responsable y seguro de internet, cerrar la brecha digital de género, y construir una ciudadanía digital, activa y crítica. La educación y la adquisición de competencias digitales resultan imprescindible para que las niñas, niños y adolescentes puedan acceder a los beneficios de la transformación digital y al ejercicio de sus derechos. Por tanto, los derechos humanos deben ser garantizados en los entornos digitales. Para ello, es necesario fortalecer la cooperación entre los Estados Miembros y desarrollar políticas públicas integrales que aborden estos temas de manera efectiva; y,

RECONOCIENDO el rol fundamental de los Estados en la protección de los derechos de las personas en el entorno digital y en la construcción de una ciudadanía digital responsable. Es necesario desarrollar políticas públicas específicas que permitan un uso amplio y seguro de las TIC por parte de estos grupos, teniendo presentes los derechos reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, así como las obligaciones contraídas por los Estados parte de dicha Convención, con el fin de garantizar un entorno digital seguro y positivo para todos y todas.

RESUELVE:

  1. Encomendar al IIN para que, en el marco de su programa de uso seguro de internet y con los recursos existentes, brinde a los Estados que le soliciten, asistencia técnica para el desarrollo de planes integrales sobre el uso seguro de internet y la construcción de ciudadanía digital, y promueva la cooperación entre los Estados Miembros para el intercambio de experiencias y buenas prácticas en esta materia, con énfasis en la prevención del ciberacoso, el abuso y la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en línea. 
  2. Encargar al IIN que dentro de la capacitación y asistencia técnica se incluyan los usos, potencialidades y riesgos de la inteligencia artificial en la construcción de ciudadanía; promoviendo la cooperación entre los Estados Miembros para el intercambio de experiencias y buenas prácticas en esta materia, que promuevan el cierre de la brecha digital.

“NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES: PARTICIPACIÓN”   

DESTACANDO la relevancia de la participación protagónica de niñas, niños y adolescentes y el ejercicio responsable de su libertad para buscar, recibir y difundir información e ideas, en la promoción y protección de sus derechos; y,

RECONOCIENDO que la participación protagónica de niñas, niños y adolescentes es un elemento clave para la construcción de sociedades más justas, inclusivas y sostenibles.

RESUELVE:

  1. Encomendar al IIN, para que con los recursos existente y en el marco de su programa interamericano de participación de niños, niñas y adolescentes, continué prestando asistencia técnica a los Estados miembros que lo soliciten, en la creación y/o fortalecimiento de mecanismos de participación efectiva y significativa de Niñas, Niños y Adolescentes, en la planificación, implementación, seguimiento y evaluación de programas y políticas.
  2. Encomendar igualmente al IIN, prestar y articular su asistencia técnica en esta temática a los órganos, organismos y entidades que integran la OEA, para ampliar y consolidar al interior de esta, instancias en que se incluya la participación efectiva y significativa de niños, niñas y adolescentes.


“SEGUIMIENTO DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y DEL PROGRAMA INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN”  

TENIENDO EN CUENTA el compromiso de los Estados Miembros con la prevención y el combate de la corrupción, plasmado en el Plan Estratégico Integral de la Organización y en los mandatos emanados de las Cumbres de las Américas, en especial la Octava y Novena Cumbres, celebradas en Perú y Estados Unidos, respectivamente, relacionados con la Convención Interamericana contra la Corrupción y su Mecanismo de Seguimiento (MESICIC), así como el Programa Interamericano de Cooperación para Combatir la Corrupción [AG/RES. 2275 (XXXVII-O/07)] y las “Recomendaciones de la Cuarta Reunión de la Conferencia de los Estados Parte del MESICIC” (MESICIC/CEP-IV/doc.2/15 rev. 1),

RECORDANDO la importancia de establecer mecanismos accesibles y sencillos para que la ciudadanía pueda solicitar información pública

RESUELVE:

  1. Reafirmar el compromiso de los Estados Miembros de prevenir, enfrentar y erradicar la corrupción de manera decidida, reconociendo que este flagelo socava la legitimidad de la institución pública y atenta contra la sociedad, la justicia.
  2. Promover la transparencia en la gestión pública y en la relación público-privada, así como la transparencia activa especialmente en la contratación y las compras públicas, y la rendición de cuentas.
  3. Instar al respeto y protección de aquellas personas y grupos ajenos al sector público, como la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y comunitarias y el sector privado, en la prevención y lucha contra la corrupción.
  4. Reiterar la importancia de seguir avanzando en la implementación efectiva de las recomendaciones del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC), resaltando la importancia de la cooperación internacional para fortalecer las acciones preventivas y sancionadoras contra la corrupción, conforme con los objetivos del Programa Interamericano de Cooperación para combatir la Corrupción.
  5. Invitar al Comité de Expertos del MESICIC que, con el apoyo del Departamento de Cooperación Jurídica de la Secretaría de Asuntos Jurídicos, en su condición de Secretaría Técnica de este Mecanismo, y de acuerdo con su Reglamento y demás disposiciones que rigen el mismo y el calendario adoptado por dicho Comité para la Sexta Ronda, continúe y concluya los procesos de análisis en el marco de dicha Ronda relacionados con Colombia, Grenada, Suriname, Belize y Brasil. Asimismo, invitar al Comité de Expertos del MESICIC que, con el apoyo de la Secretaría Técnica de este Mecanismo, continúe con la consideración de la “Propuesta de indicadores para prevenir, detectar y abatir la impunidad relativos a los resultados sobre protección de denunciantes y testigos de actos de corrupción” y concluya con la adopción de los mismos, así como que inicie la consideración de la propuesta de indicadores relacionados con “los factores que inciden en los resultados de la investigación, persecución, juzgamiento y sanción penal de los actos de corrupción”, de acuerdo con la “Metodología para la consideración del esquema de indicadores para prevenir, detectar y abatir la impunidad en los actos de corrupción” (SG/MESICIC/doc.581/21 rev. 1 corr. 1) adoptada por el Comité de Expertos del MESICIC.  
  6. Solicitar a la Secretaría Técnica del MESICIC que, en el ámbito de sus competencias y de acuerdo con los recursos asignados en el programa-presupuesto de la Organización y otros recursos, continúe ejecutando los mandatos derivados de las “Recomendaciones de la Cuarta Reunión de la Conferencia de los Estados Parte del MESICIC” y las Cumbres de las Américas, así como brindando apoyo técnico y asesoría jurídica a la Conferencia de los Estados Parte y el Comité de Expertos y facilitando el intercambio de buenas prácticas, la cooperación horizontal entre los Estados, y las sinergias con otros mecanismos internacionales anticorrupción, mediante la organización de sesiones especiales con estos fines en el marco de las Cuadragésima Segunda y Cuadragésima Tercera reuniones del Comité de Expertos del MESICIC. 
  7. Asimismo, alentar a todos los Estados parte del MESICIC a realizar contribuciones voluntarias al Mecanismo para asegurar la inversión compartida en sus operaciones, así como su estabilidad financiera.

“DEMOCRACIA, DISCURSOS DE ODIO Y DERECHOS HUMANOS”

RECORDANDO que todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y que están relacionados entre sí y que toda persona tiene derecho a disfrutar de esos derechos sin ninguna distinción;

REAFIRMANDO que la Carta Democrática Interamericana, adoptada por los Estados Miembros en 2001, reconoce que “los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”, y que “el ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base del estado de derecho y los regímenes constitucionales de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos”;

REAFIRMANDO que la promoción y protección de los derechos humanos es condición fundamental para la existencia de una sociedad democrática, y reconociendo la importancia que tiene el continuo desarrollo y fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos para la consolidación de la democracia;

RESALTANDO el artículo 13.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que establece la prohibición por la ley, de toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional;

CONSIDERANDO que es necesario abordar las causas profundas del discurso de odio y la intolerancia, así como adoptar acciones concretas especialmente orientadas a la educación, la cultura de paz, la igualdad de género y los derechos humanos para fortalecer la sana convivencia democrática;

RECONOCIENDO que “la consolidación y desarrollo de la democracia depende de la existencia de libertad de expresión”, siendo esta última un derecho “fundamental e inalienable, inherente a todas las personas” cuyo ejercicio está sujeto a deberes y responsabilidades lo cual implica ciertas restricciones que deberán estar expresamente fijadas por ley para asegurar el respeto a los derechos de todas las personas.

REITERANDO que los discursos de odio impactan en la vida de las personas, socavan los sistemas democráticos, el respeto de la diversidad y constituyen una grave preocupación común para nuestra región por cuanto dichos discursos y formas de expresión alimentan la incitación a la violencia extrema y las formas conexas de intolerancia;

RESUELVE:

  1. Reafirmar el compromiso con la promoción y protección de todos los derechos humanos para todas las personas con la defensa de la Democracia, con el fortalecimiento de las Instituciones y el orden constitucional de los Estados que ponen en relieve la necesidad de promover los valores de la tolerancia, la no discriminación, el pluralismo y el respeto al Estado de Derecho y al Derecho internacional, incluido el Derecho Internacional de los Derechos Humanos
  2. Reafirmar que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, pero que el ejercicio de ese derecho implica deberes y responsabilidades especiales como se expresa en el artículo 13.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
  3. Condenar enérgicamente los discursos de odio, incluso en el ámbito digital por ideología política, origen étnico o racial entre otros motivos, que atentan contra el goce efectivo de los derechos humanos, con la finalidad de prevenir actos de violencia, incluyendo violencia política, extremismo violento, terrorismo, racismo, discriminación, intolerancia, xenofobia, misoginia y vulneraciones a los derechos humanos y libertades fundamentales conforme a lo establecido en los diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, incluyendo lo relacionado con la protección de la libertad de expresión, en particular el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
  4. Fortalecer las políticas públicas para evitar que, a causa de las expresiones y discursos de odio, se profundicen las desigualdades preexistentes, en especial cuando se dirigen a personas y grupos en situación de vulnerabilidad y/o históricamente discriminados.
  5. Instar a los Estados a continuar cooperando para prevenir los discursos de odio comprendiendo sus causas e implicaciones para la democracia y los derechos humanos, así coma adoptar medidas efectivas para combatir estos discursos y sus causas estructurales, con base en el derecho internacional de los derechos humanos y otros compromisos y obligaciones internacionales asumidos por los Estados.

“PROGRAMA INTERAMERICANO DE FACILITADORES JUDICIALES”    

 RESUELVE:

  1. Reconocer y respaldar la labor del Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales (PIFJ/OEA) como apoyo prioritario y estratégico para la ejecución de los Servicios de Facilitadores Judiciales en los Estados Miembros.
  2. Destacar que los Servicios de Facilitadores Judiciales son un mecanismo que favorece condiciones de paz social, armonía y convivencia en las poblaciones más apartadas; así como promueve el derecho de acceso a la justicia, acercando la ciudadanía a las instancias judiciales;
  3. Incentivar la incorporación de los Estados Miembros que aún no forman parte del Programa a que se sumen a la ejecución de fase II del PIFJ/OEA, centrado en implementar, acompañar, apoyar y fortalecer la labor de los y las Facilitadores Judiciales y los Servicios Nacionales de Facilitadores Judiciales.
  4. Felicitar al Estado Libre y Asociado de Puerto Rico de los Estados Unidos de América, por haberse incorporado al PIJF/OEA, así como apoyar a los órganos judiciales de la región que se encuentren interesados en la implementación del Servicio de Facilitadores Judiciales.
  5. Impulsar el intercambio de experiencias y lecciones aprendidas entre los Estados Miembros que forman parte del PIFJ/OEA, con miras a desarrollar nuevas metodologías y estrategias que fomenten la capacitación de los y las Facilitadores Judiciales en la solución de conflictos en la región.
  6. Instar a la Secretaría General a que en el marco del Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales continue los esfuerzos de capacitación vinculados a habilidades sociales, derechos de niños y adolescentes, el entorno y el medio ambiente, la comunicación asertiva, la inteligencia emocional, la igualdad de género entre otros, a fin de que los y las Facilitadores Judiciales puedan seguir ampliando sus capacidades y habilidades para ejercicio de sus funciones.
  7. Exhortar a la Secretaría General y a los Estados Miembros a apoyar los esfuerzos en la búsqueda de nuevos socios estratégicos para el financiamiento de actividades contempladas bajo el PIFJ/OEA.