Mensaje del
director ejecutivo

Hace 8 años que iniciamos el camino de conducir por dos períodos consecutivos a este gran equipo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas. Todas y todos han mostrado un gran compromiso y responsabilidad para seguir profundizando la tarea de apoyar la transformación de los sistemas de justicia de la región y mejorar el acceso a la justicia de millones de personas pertenecientes a los 34 países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

El objetivo no ha sido fácil por las naturales diferencias culturales, políticas, sociales y económicas de cada país. Y a ello se sumó en los últimos años el innegable impacto de la pandemia (Covid-19). Sin embargo, nuestra misión se ha seguido profundizando para contribuir al desarrollo democrático y fortalecimiento del Estado de Derecho, en beneficio de todos los ciudadanos y ciudadanas, sin distinción.

Creemos firmemente que los países y sus instituciones judiciales han entendido que la justicia es un bien intangible, de la mayor relevancia si se pone al servicio de las personas y sus necesidades. Confiamos en que nuestro esfuerzo acompañándolos haya servido, en muchos casos, de guía para impulsar la transformación de sus sistemas con decisión, rigor técnico y cooperación entre distintas instituciones del Estado, siempre respetando sus particularidades y posibilidades.

Nuestra gestión en el periodo 2014-2021 ha puesto énfasis en mejorar sustancialmente el acceso de las personas a la justicia civil en el continente. A través de investigaciones hemos identificado aspectos positivos y debilidades que presentan los modelos de países más avanzados en el tema. A partir de ellos y sus buenas prácticas, hemos propuesto modelos de solución de conflictos adecuados a nuestras realidades. Asimismo, hemos desarrollado programas de capacitación para operadores y operadoras del sistema de justicia, caracterizados por la introducción de oralidad y transparencia, una lógica colaborativa entre las partes en conflicto, la gestión activa de los casos por parte de la judicatura para un mejor aprovechamiento de los limitados recursos públicos disponibles y un procedimiento de corte adversarial fundamentalmente reservado a las partes para la depuración de la información que servirá de base a la decisión judicial.

Bajo la temática del acceso a la justicia civil, examinamos cómo a nivel latinoamericano nuestras minorías étnicas y grupos más vulnerables se relacionaban con sus sistemas judiciales y la solución de sus conflictos; cuáles eran los aciertos y déficits estructurales de los mismos; o si se estaban impulsando mecanismos más rápidos, cercanos, innovadores y accesibles. Asimismo, analizamos cómo se estaba realizando el proceso de formación de las y los futuros abogados, qué competencias estaban adquiriendo desde la formación universitaria y cuáles eran las necesidades para transformarse en motores de cambio.

De este modo, iniciamos la gestión en 2014, continuando con el impulso de las políticas de transformación de los sistemas de justicia del continente, emprendidas y direccionadas desde hace 15 años por mis predecesores en el área penal. Y, junto a ello, nos enfocamos en profundizar cambios relevantes, principalmente en las áreas de la justicia civil (o no penal). Esta conflictividad combinada es la que más repercute en la calidad de vida y desarrollo de las personas de la región y en la convivencia democrática de nuestras comunidades.  

Asimismo, a partir del año 2015 reimpulsamos proyectos clave como el Programa Argentino de Capacitación (en conjunto con INECIP) y lanzamos nuevas iniciativas como el Diplomado en Litigación Oral Penal (DLOP), en conjunto con American University Washington College of Law (AU-WCL) y la Universidad Alberto Hurtado de Chile (UAH), y la ejecución del Proyecto de Apoyo a la Nueva Justicia Penal (NJP) en México, en conjunto con la Secretaría Técnica de Implementación (SETEC), con fondos de cooperación bilateral entre Chile y ese país.

Otro logro importante, ese mismo año, fue la creación de la primera versión del Diplomado Centroamericano sobre Reforma Procesal Penal (DCA), que se impartió en Guatemala y Costa Rica, con el apoyo de ICCPG, la Universidad de San Marcos de Guatemala y la Universidad de Costa Rica; e iniciamos la ejecución del Programa de Formación de Jueces y Juezas Penales en Santiago de Chile.

Mención aparte requiere el proyecto regional y multianual “Mejorando el Acceso a la Justicia Civil en América Latina” (Improving Access to Civil Justice in Latin America), que iniciamos también el 2015. Con el apoyo técnico y financiero de GAC Global Affairs Canada, el gobierno canadiense dispuso más de US$6,5 millones para su implementación, con una ejecución que se extiende hasta 2022, y cuyos detalles se despliegan en el cuerpo de este Informe.

Con estos proyectos en marcha, en el año 2016, CEJA asume la Secretaría General de la Red Latinoamericana de Direcciones de Análisis Criminal de Ministerios Públicos, rol que con el pasar de los años, se convertirá en el eje de las políticas desarrolladas por las fiscalías de la región. En tanto, en el ámbito civil, nuestra institución crea la primera versión del Programa Interamericano de Capacitación sobre Reforma a la Justicia Civil (PIC), entendiendo que la oralidad, una lógica colaborativa y un procedimiento adversarial, con mayor equilibrio procesal, transparencia e innovación en la toma de decisiones y el desarrollo de medios alternativos de resolución de conflictos, son claves para garantizar el acceso a la justicia de las personas y sobre todo de los sectores más vulnerables. 

Siempre bajo la idea de profundizar las mejoras sustanciales en la calidad y cantidad de herramientas de solución de conflictos de la ciudadanía, en el año 2017 nos esforzamos en fortalecer los sistemas de información y gestión de las administraciones judiciales, mediante el apoyo a distintos planes pilotos, capacitaciones y asistencia técnica para el desarrollo. Por ejemplo, nuevos despachos y oficinas judiciales, plenamente integradas a las audiencias y juicios orales, elementos base en los procesos de reforma en la región.

Sin duda, el año 2017 fue sinónimo de un cambio trascendental debido a que impulsamos una política de igualdad de género de carácter institucional, que se convirtió junto al acceso a la justicia, en uno de los ejes rectores de toda nuestra tarea. Hoy concebimos la política pública de justicia desde una perspectiva de género, integradora de una política de equidad de género dual, con interseccionalidad, uso de lenguaje inclusivo y representación equilibrada, entre otros elementos.

Con el fin de garantizar la correcta aplicación de la política de género, realizamos diversas acciones. En primera instancia, revisamos su ejecución al interior de nuestra institución y seguidamente, pusimos foco en nuestra tarea de apoyo a los gobiernos. Realizamos un diagnóstico y analizamos cursos, proyectos, oferta de docentes, recursos humanos, y herramientas y criterios de investigación con los que contábamos; y tras intensas actividades de capacitación y sensibilización, hicimos correcciones a nivel corporativo, llegando a la conclusión que sería un eje rector de todo nuestro quehacer, para impulsar cambios en los sistemas judiciales de las Américas.

Las grandes transformaciones en el área civil que han sido exitosas en el mundo han identificado primero las necesidades prioritarias de justicia de las personas. Luego, con esa información, han diseñado mecanismos de acceso y diversos modelos de solución de conflictos —judiciales y no judiciales, integrados— que han sido adecuados al tipo de problema y a las personas involucradas en cada caso. 

Conscientes de la necesidad de contar con información de calidad para el buen diseño de políticas públicas de transformación de los sistemas de justicia civil, nuestra organización lideró la creación, desarrollo y puesta en marcha del Primer Observatorio de Conflictividad Civil y Acceso a la Justicia (OCCA) para la región. El OCCA se ha transformado en un mecanismo clave para identificar y monitorear los conflictos civiles más relevantes para nuestras comunidades y las diversas barreras que enfrentan las personas para resolverlos, con especial énfasis en los grupos vulnerables en América Latina.

Actualmente, el OCCA está formado por reconocidas instituciones de siete países: la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), de Argentina; el Grupo de Investigación de Derechos Fundamentales de la Pontificia Universidad Católica de São Paulo (PUC-SP), de Brasil; el Programa de Gestión y Resolución de Conflictos de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), de Chile; el Grupo de Investigación Jurídico Comercial y Fronterizo de la Universidad Francisco de Paula Santander (GIJCF-UFPS), de Colombia; la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), de El Salvador; la Clínica Jurídica del Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (PDUH-UNAM), de México; y el Centro de Estudios Judiciales (CEJ), de Paraguay.

Seguidamente, en el año 2018 iniciamos la ejecución del “Programa de Capacitación en Investigación y Litigación en el nuevo Sistema Penal Acusatorio Federal de Argentina”, con financiamiento de INL, la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia del Departamento de Estado de Estados Unidos. Originalmente fue diseñado para las provincias de Salta y Jujuy, y a partir del 2020 se extendió a Santa Fe, Mendoza, Salta, La Rioja, Córdoba, Buenos Aires y otras provincias.

También iniciamos la Cooperación Técnica con el Poder Judicial de Perú, con el objetivo de impulsar un modelo de Justicia civil oral y adversarial, comenzando con un piloto en el Departamento de Arequipa, lo que fue un cambio trascendental para la justicia de ese país. Sumado a esto, partimos con el programa brasilero de Formación para la Reforma de la Justicia Penal, debido a que este país es el único del continente que aún mantiene un modelo inquisitivo en su sistema de justicia penal.

Así, hemos entendido que las reformas en esta área deben tener por objetivos garantizar el acceso material, y no sólo formal, a todas las personas sin distinción, y procurar una solución integral de los conflictos. Es decir, abarcando tanto el problema que se externaliza, como el conflicto primario o subyacente, para así aportar a la reconstrucción de la paz social. Esto es de suma importancia porque se entiende que, si bien las disputas civiles se materializan entre particulares, tienen consecuencias en y para la comunidad toda. 

Por eso, en las transformaciones más avanzadas de la Justicia Civil se entrega, por ejemplo, a juezas y jueces facultades para la “gestión del caso”. Esto les permite orientar e incluso definir el mecanismo de solución y el procedimiento más adecuado a emplear; evitar y sancionar maniobras dilatorias de abogados y abogadas; descartar prueba claramente irrelevante, sobreabundante e inconducente; y, siempre y en toda oportunidad, procurar acuerdos entre las partes, proponiendo las mejores soluciones a partir del problema en particular.

Tras promover estos profundos cambios en la teoría y en la práctica, que beneficien a todos y todas en el acceso a la justicia, nos empeñamos en seguir avanzando en la transformación de los sistemas judiciales y la apertura hacia nuevos canales de acceso y mecanismos de resolución de conflictos. 

No obstante, lo vivido en los últimos dos años debido a la pandemia del Covid-19 develó las enormes brechas que aún persisten en el área. Más aún, los esfuerzos por rápidamente normalizar los servicios judiciales en la región mostraron la falta de integración de los canales de acceso a justicia y los mecanismos colaborativos en la concepción estratégica y el entramado de los sistemas de justicia. A ello, se sumó el formidable obstáculo que planteó la brecha digital a la decisión de realizar audiencias y juicios sobre plataformas electrónicas. Ello, sin mencionar el amplio debate que generó la tensión entre garantías procesales y las limitaciones de las plataformas comerciales adoptadas al efecto. 

A su turno, con un esfuerzo institucional sin precedentes, hemos logrado sortear con éxito las dificultades que la pandemia ha impuesto a la movilidad, a la salud y a la operación de toda la justicia regional. El equipo de CEJA, pese a las restricciones, logró adecuarse a la nueva realidad mundial desarrollando las investigaciones, cursos de capacitación y actividades de difusión y comunicaciones en las mejores condiciones para todos y todas, apoyados por la tecnología y las nuevas formas de comunicación. También, con altos grados de creatividad, disponibilidad y organización, hemos continuado con la tarea de apoyar las grandes y pequeñas transformaciones que nuestros sistemas judiciales necesitan, aportando, además, un análisis crítico y proactividad frente a la nueva interacción de justicia y tecnología.

De modo que la pandemia del Covid-19 también abrió el camino para repensar políticas, diseños y prácticas de acceso, atención y resolución de conflictos, en todas las áreas del Derecho, incorporando las herramientas tecnológicas visibilizadas por la crisis sanitaria mundial. En nuestra opinión es urgente comenzar a diseñar procedimientos pensados para desenvolverse en soportes electrónicos (especialmente los ROC – Resolución Online de Conflictos), y también requerir con urgencia plataformas electrónicas diseñadas ad hoc para audiencias y juicios, con diseños y soluciones tecnológicas pensadas desde las garantías procesales.

Así, es indispensable contar con tecnología al servicio de la justicia, y no a la inversa. Se debe aprovechar la tecnología para procurar un acceso inclusivo a la justicia -que demanda, a su vez, la reducción de la brecha digital-; y para la solución pronta, más adecuada, eficiente, efectiva, duradera y transparente de los conflictos, aportando a la paz social. Desde estos objetivos sustantivos y estratégicos, podemos deducir la adecuada combinación e integración de canales electrónicos y presenciales de acceso a justicia; la resolución colaborativa de conflictos de modo presencial o mediante plataformas electrónicas; la integración mediante la Resolución Online de Conflictos de sistemas asincrónicos y sincrónicos; la tramitación, gestión, seguimiento y evaluación de causas de modo electrónico; el desarrollo de litigación presencial, virtual (telemática) o híbrida (semipresencial); el uso de plataformas electrónicas para la ejecución de sentencias; y, la regulación y uso auditado de la inteligencia artificial para apoyar diversos aspectos de la justicia.    

En este Informe Global de Gestión no sólo quedan plasmados los avances alcanzados en estos años, sino que también los desafíos que impone la transformación de los sistemas de justicia en el continente, para contribuir a la democracia, paz social y bienestar de todas las personas, sin distinción. 

En este camino recorrido, queremos reconocer el enorme apoyo de muchas autoridades nacionales e internacionales, instituciones públicas y privadas y de personas individuales de gran liderazgo y generosidad, que ejemplifico en el maestro Dr. Alberto Binder, presentes desde el primer día de nuestra gestión. Un agradecimiento colectivo a la gran RedEx -Red de exalumnos y exalumnas de CEJA- personas comprometidas de mente y corazón con la transformación de la justicia en la región; y, especialmente, a la guía, confianza y apoyo decidido dispensado por el Consejo Directivo, y de cada consejera y consejero que lo han integrado y dirigido. Un recuerdo muy personal para el ex presidente del Consejo Directivo de CEJA, juez canadiense Marc Rosenberg (1950-2015), quien nos dejó muy temprano y marcó nuestras vidas.  

A los miles de profesionales de las más diversas áreas, que confiaron en CEJA para capacitarse. Su diversidad siempre nos hizo tener presente que la justicia funciona en un contexto, que le exige -por consiguiente-, ser integradora, flexible, innovadora, abierta y cercana a las personas. Su compromiso multiplicó el impacto de las capacitaciones y asistencias técnicas de CEJA a través de las réplicas que propusieron y encabezaron para llegar a miles, a partir de la formación de cientos. Muchísimas gracias.

Finalmente, solo tengo palabras de agradecimiento para todo nuestro equipo de trabajo permanente, caracterizado por su conocimiento, disciplina, perseverancia, trabajo colectivo y creatividad de excepción. He tenido el privilegio de trabajar con profesionales del más alto nivel, que se expresan en las direcciones de área encabezadas ininterrumpidamente por Marco Fandiño y Leonel González desde 2014, y por el fabuloso equipo de la Secretaría Ejecutiva del Consejo, direcciones, coordinaciones, investigadoras, investigadores, consultoras y consultores que -con distintas integraciones a lo largo de estos años-, han conformado la dirección ejecutiva 2014-2021 de CEJA. Ustedes son y han sido la esencia de esta gestión que estamos concluyendo. 

Hemos querido impulsar la transformación de la justicia en las Américas desde la riqueza de las ideas diversas, del debate y de la construcción de modelos centrados en las personas y sus necesidades, en el contexto de comunidades cambiantes y de un moderno estado democrático de derecho.

Estoy convencido que este sello integrador, que ha caracterizado la gestión de la dirección ejecutiva que encabezo, ha permitido a CEJA -aún en tiempos difíciles-, comprender e interpretar de la mejor manera los desafíos de los tiempos, para luego diseñar y colaborar exitosamente en transformaciones gravitantes para la justicia de las Américas.

Gracias a quién me impulsó a volver al servicio público, y gracias a todas y todos quienes me han acompañado de diversas formas en el servicio a esta hermosa y diversa región. Nos vemos pronto.

Información Institucional

Informe de Gestión
Centro de Estudios de Justicia de las Américas
2014-2021

Director responsable:
Jaime Arellano Quintana

Redacción y edición:
Leandra Medina
Claudio Soto
Aira Maya
Erika Rojas

Diseño y diagramación:
Marco González
Juan Núñez
Sandra Araneda

Imágenes:
Banco fotográfico institucional

Fotografías:
Esteban Rosales

Registro de propiedad intelectual:
2021-A-9892
ISBN:
978-956-8491-87-1

Esta Memoria de Gestión se encuentra disponible en: www.cejamericas.org y todas sus redes sociales.

Informe
de Gestión

2014-2021