ESTUDIOS Y PROYECTOS

La Dirección de Estudios y Proyectos del CEJA, dirigida por Marco Fandiño, y un completo staff de profesionales investigadores/as, impulsó el trabajo en cuatro grandes áreas.

La primera línea de trabajo fue mejorar el acceso a la Justicia Civil, sobre todo de los sectores más vulnerables de la población del continente, con el apoyo de Global Affairs Canada (GAC), a través del proyecto “Improving Access to Civil Justice in Latin America”

En segundo lugar, el desarrollo de proyectos relacionados con el acceso a la justicia de las personas, en los que fue fundamental el apoyo de la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ).

En tercer lugar, se analizó el impacto de la pandemia del COVID-19 en los sistemas judiciales.

Y, en cuarto lugar, se promovió el impulso de políticas en contra de la corrupción y la impunidad, así como una mejora sustantiva de la gestión de los organismos encargados de la persecución, condena y reinserción en el ámbito penal.

Estudio y promoción de las reformas procesales civiles en América Latina

Esta iniciativa, que comenzó formalmente en 2016, tiene dentro de sus objetivos: generar conocimiento acerca de los principales desafíos en la reforma de la justicia civil, identificar cuáles son las barreras de acceso a los mecanismos judiciales y extrajudiciales de solución de conflictos, así como proveer asistencia técnica para implementar reformas o planes pilotos con información objetiva y de calidad. También se incluyen actividades de capacitación destinadas a futuros tomadores/as de decisiones tanto institucionales como privados. 

Durante los años de ejecución de este proyecto, CEJA ha realizado más de 10 proyectos pilotos, consistentes en la elaboración de modelos novedosos en los contextos locales, con una pequeña extensión, con el objetivo de perfeccionar dichos modelos y hacerlos aplicables a la totalidad del espacio jurisdiccional propuesto.

Del mismo modo, se han realizado más de 20 asistencias técnicas a diversas instituciones del sistema de justicia, en países como Paraguay, Costa Rica, Argentina, Bolivia, Perú, Chile y Nicaragua.

En el ámbito de creación y difusión del conocimiento, gracias al apoyo de GAC, hemos realizado más de 80 informes temáticos, los cuales han sido ampliamente difundidos en todos los países de la región latinoamericana. A su vez, se han realizado 30 seminarios de discusión y difusión del conocimiento, a las que han asistido más de 12.000 personas, en su gran mayoría mujeres, las cuales representan el 68% del total.

Destacan bajo esta línea de trabajo los siguientes proyectos:

El 12 de diciembre de 2018, mediante Resolución Administrativa N° 312-2018-CE-PJ, la Corte Nacional de Justicia del Perú aprobó la creación y actuación del Módulo Civil Corporativo de Litigación Oral de la Corte Superior de Justicia de Arequipa.

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CEJA y el Poder Judicial de la Ciudad de México, durante el año 2019, ejecutaron un “Proyecto Piloto para implementar las técnicas de litigación oral en los Juzgados Civiles Orales del Distrito Federal de México” con el financiamiento de GAC.

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En 2018 el equipo de CEJA inició su trabajo para generar un anteproyecto de ley de Código General del Proceso para Chubut, con el objetivo de avanzar en una reforma integral a la Justicia Civil y Comercial, de Familia, Laboral y Contenciosa Administrativa en esta provincia argentina.

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En abril de 2019 el Superior Tribunal de Justicia de la provincia argentina de La Pampa firmó un convenio de colaboración genérico y otro específico con CEJA, para implementar una Oficina Judicial Civil en la ciudad de Santa Rosa, con el propósito de prestar apoyo a los cinco juzgados civiles y comerciales que operan en dicha capital.

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CEJA y el Poder Judicial de Costa Rica presentaron el “Manual de Litigación de Audiencias Orales en la Nueva Justicia Civil de Costa Rica”, dirigido a abogados y abogadas, y el “Manual de Dirección de Audiencias Orales en la Nueva Justicia Civil de Costa Rica”, destinado a jueces y juezas.

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Una parte importante de los esfuerzos realizados a través del proyecto “Mejorando el acceso a la justicia civil en América Latina”, guardan relación con el monitoreo y seguimiento al tratamiento de la conflictividad civil en la región. Para eso, se diseñó y se puso en marcha el primer Observatorio de la Conflictividad Civil y Acceso a la Justicia (OCCA).

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Una de las líneas relevantes de CEJA durante este periodo fue el impulso de todas las acciones para garantizar el acceso a la justicia de las personas en el continente.

Impulsamos, en el año 2016, un concurso continental con “Aportes para la Construcción de un Acervo Regional Interamericano sobre el Derecho de Acceso a la Justicia”.

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CEJA y el programa DIRAJus, en enero de 2019, llevó adelante un proyecto que permitió comprender de qué forma opera el reconocimiento de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) en países signatarios del Protocolo de San Salvador y otros en América Latina.

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Favorecer el acceso a la justicia de las personas

Con el apoyo de la GIZ a través del Programa Derecho Internacional Regional y Acceso a la Justicia en América Latina (DIRAJus), nuestra institución desarrolló una serie de acciones destinadas a favorecer políticas de acceso a la justicia en el continente, principalmente enfocado en mejorar los estándares del proceso penal en Centroamérica. Para ello, nuestro equipo trabajó en los siguientes proyectos:

El impacto de la pandemia del COVID-19 en los sistemas judiciales

Sin lugar a dudas, en 2020 la pandemia del COVID-19, supuso grandes desafíos a los sistemas judiciales del continente, develando grandes falencias y brechas entre los Estados y sus ciudadanos, pero también la importancia de continuar impulsando modernizaciones con decisión política, incorporando herramientas más rápidas, cercanas e innovadoras.

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En el reporte participaron 42 organizaciones de 17 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Casi la totalidad de los países de la región suspendieron o limitaron las funciones del Poder Judicial, trayendo como consecuencia que las personas no contasen con vías adecuadas para canalizar sus conflictos. Se acentúo la no accesibilidad, asequibilidad y disponibilidad de los servicios de justicia.

En la mayoría de los países se suspendieron las actividades jurisdiccionales dejando un “servicio mínimo”, sin que se reportara un aumento de la capacidad instalada de los poderes judiciales para dar respuesta a la demanda adicional provocada por el COVID-19.

Los procesos de incorporación de TICs se han acelerado y profundizado a partir de la pandemia en los poderes judiciales de toda la región, aunque sólo 7 países adoptaron un enfoque diferencial buscando reducir la brecha digital.

En 12 de los 17 países analizados, se adoptaron medidas de excepción constitucional y se dio un proceso de acumulación de funciones en los Poderes Ejecutivos. En 8 países se suspendieron las funciones de los Poderes Legislativos.

Los poderes judiciales respondieron de manera limitada a la necesidad de generar cambios e innovaciones organizacionales y fueron percibidos por las y los encuestados como poco efectivos para resolver conflictos generados a partir de la pandemia.

A partir de la pandemia, se profundizaron las barreras que afectan a los grupos vulnerabilizados en su vinculación con los servicios de justicia, y la asistencia legal gratuita se vio afectada por la suspensión de los servicios de justicia y por los cambios en la modalidad de prestación.

En marzo de 2019, en Tegucigalpa (Honduras), se presentó un completo informe denominado “Propuestas para el sistema de justicia penal hondureño en el tratamiento y gestión de causas de alto impacto social y corrupción”.

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En noviembre de 2017 se inició la vigencia del nuevo sistema de justicia penal del Uruguay.

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Con el financiamiento de la Open Society Justice Initiative, en 2014, CEJA publicó el informe de “Evaluación del impacto del nuevo Modelo de Gestión Fiscal del Ministerio Público de Guatemala” que abordó los cambios organizativos llevados a cabo durante la gestión de la Fiscal General, Claudia Paz y Paz.

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La OEA, en el año 2013, encargó a CEJA una consultoría y apoyo técnico para fortalecer el sistema judicial de Haití, golpeado por distintas circunstancias políticas, sociales, humanitarias, sanitarias y económicas durante la última década.

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Fortalecimiento de los sistemas penales, lucha contra la corrupción y la impunidad

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